A diario somos testigos de las diversas noticias que tienen como protagonistas a mujeres que engrosan la cifra de maltratos, feminicidios, redes clandestinas de prostitución, explotación sexual de niñas y adolescentes y más.
Según el estudio de CEPAL, la violencia física sufrida por las mujeres va desde golpes simples hasta agresiones severas con amenazas de muerte, acompañada por una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, también sexual. Un 45% declara haber recibido amenazas de sus parejas, y entre 5% y 11% de las mujeres dice haber sido víctima de violencia sexual.
La violencia emocional es la más frecuente, señala el informe. En Colombia y Perú, por ejemplo, los casos superan 60%, mientras que en Bolivia y México llegan a casi 40%. Este tipo de agresión se refiere al maltrato psicológico (insultos, descalificaciones, humillaciones y burlas, entre otros) y a los medios de dominación que utiliza el agresor para controlar el tiempo, la libertad de movimiento y los contactos sociales de la mujer. Si bien es cierto hay casos silenciados, que no pueden registrarse. El hecho es que la sociedad civil está cada vez tomando mayor conciencia.
La violencia de género no conoce fronteras sociales y se potencia con la pobreza. En tal sentido, tambien nuestras comunidades latinoamericanas de fe, siguiendo el ejemplo de un Jesús que reinvidica a la mujer, debe sumarse a esta lucha, fomentando la convivencia pacífica, remarcando la equidad en cuanto al acceso a oportunidades y tambien asumiendo su responsabildad de denuncia cuando sea necesario. Es decir aportar desde su espacio y capacidad. Que Dios nos de sabiduria, coraje y fortaleza en este largo caminar.
El CONEP (Concilio Nacional Evangélico del Perú) expresa sus observaciones al dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, en función de la lucha orgánica institucional por la Libertad e Igualdad religiosa:
A la luz de la herencia de nuestros antecesores, señalábamos que el contenido del anterior dictamen seguía siendo, en el fondo, discriminatorio, negaba la no confesionalidad del Estado peruano y, por tanto, no satisfacía plenamente las aspiraciones históricas de la comunidad evangélica representada por el CONEP. Con relación al nuevo predictamen de la “Ley Marco del Ejercicio de la Libertad de Religión”, afirmamos que expresa un retroceso que deconstruye lo que el anterior dictamen pretendía construir como un peldaño en el proceso de democratización de la sociedad peruana.
¿Qué queremos decir con ello? Nuestra mirada crítica al predictamen de la actual Comisión de Constitución del Congreso de la República tiene los siguientes elementos de nuestra comprensión de lo que implica construir una democracia de ciudadanos plenos:
1. Actualmente, no estamos en tránsito hacia un pluralismo religioso, sino que la sociedad peruana ya es plural en términos religiosos. En el país no existe una iglesia predominante y los peruanos tienen diferentes preferencias y compromisos religiosos. En tal sentido, ninguna confesión religiosa puede arrogarse la representatividad absoluta de todos los ciudadanos, o puede pretender ser tratada de manera diferenciada respecto a otras iglesias por parte del Estado.
2. El Estado peruano, constitucionalmente, es un Estado no confesional. Esto supone que debería ser neutral en materia religiosa y que debería tratar en igualdad jurídica a todas las confesiones religiosas que existen en el país, sin ningún tipo de preferencia legal y política. Sin embargo, una propuesta legislativa como la “Ley Marco del Ejercicio de la Libertad de Religión”, contradice el principio de laicidad del Estado, particularmente su independencia y autonomía con respecto a la Iglesia Católica Romana, y es claramente antidemocrática.
3. La existencia de un Concordato entre el Estado peruano y el Estado del Vaticano, firmado por una dictadura militar, constituye una afrenta a la democracia y expresa que todos los ciudadanos no son tratados como iguales. La denuncia y la posterior anulación de ese Concordato tiene que ser el objetivo político principal sobre el cual deberá asentarse toda lucha colectiva y orgánica orientada al logro de una Ley de Igualdad y Libertad Religiosa, producto del consenso social en la cual el Estado reconozca, trate y valore a todas las confesiones religiosas como iguales y como elementos importantes en la configuración del Estado-Nación.
4. La comunidad evangélica, representada por el CONEP, no aspira recibir subvención alguna del Estado ni la necesita, porque le es suficiente el aporte voluntario de sus fieles. La igualdad jurídica de todas las confesiones religiosas no la entendemos como la simple firma de convenios por los que el Estado destinaría a éstas cierta partida económica, sino como la afirmación de un Estado verdaderamente laico que garantice y defienda el fuero interno de todos y cada uno de los ciudadanos y que no se parcialice con ninguna creencia religiosa en particular, pero que reconozca la presencia y el aporte del factor religioso en la formación histórica, moral y cultural de la nación.
5. La comunidad evangélica, representada por el CONEP, no necesita firmar convenio alguno con el Estado para insertarse activamente en el proceso de consolidación de nuestra frágil democracia ni para participar en la construcción de políticas públicas orientadas al bien común. Con una presencia de servicio misionero integral al prójimo de más de cien años, los evangélicos hemos estado activos en la lucha contra la pobreza, la defensa de la vida y dignidad humanas de los sectores sociales excluidos, la democratización de la educación pública, el acceso a la salud de los indefensos, la preservación del medio ambiente natural, entre otros asuntos de la agenda pública que exige el concurso de todos los ciudadanos.
6. A diferencia de los carismáticos y de los neocarismáticos, los evangélicos no defendemos ni propagamos la “teología política” conocida como “reconstruccionismo” manufacturada en Norteamérica que sostiene que el destino de los cristianos es gobernar las naciones mediante la extraña mixtura de una economía neoliberal extrema y las leyes teocráticas del Antiguo Testamento. Es así, porque elemento clave e irrenunciable de la identidad evangélica es su herencia anabautista y reformada. Esto implica que como evangélicos afirmamos una clara separación Iglesia-Estado en la que no se confunda las esferas de competencia de cada uno, y que la iglesia no debe convertirse en caja de resonancia de los políticos de turno o en legitimadora religiosa de un gobierno en particular. Implica, además, que los miembros de las iglesias, como ciudadanos y según sus vocaciones particulares, tienen que estar al servicio del bien común y trabajar activamente por la paz de la ciudad.
7. El actual predictamen de la Comisión de Constitución, en caso de convertirse en dictamen y pasar luego a su discusión en el pleno del Congreso de la República, no debería ser aprobado tal como está; de lo contrario sería una grave ofensa a la democracia. Tampoco debería aprobarse el dictamen de la Comisión de Constitución anterior, ya que no toca para nada el problema político de fondo: el Concordato. La lucha es política y esto exige trazarse objetivos políticos claros y de largo aliento. Exige entender también que el tema de la igualdad religiosa tiene que ser colocada en la agenda pública, articulada en un lenguaje público y demanda, de los interesados, actuación orgánica bajo el paraguas de la institución que nos representa.
A diario somos testigos de las diversas noticias que tienen como protagonistas a mujeres que engrosan la cifra de maltratos, feminicidios, redes clandestinas de prostitución, explotación sexual de niñas y adolescentes y más. 
